COMUNICADO DE PRODEIN: TRES JÓVENES MUERTOS EN LAS CHABOLAS JUNTO AL CETI

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE MELILLA

Tres jóvenes inmigrantes han muerto abrasados en las chabolas que se encuentran junto al CETI de Melilla. Son tres números más de una larguísima estadística de muertes de jóvenes trabajadores, que vienen a Europa huyendo de las deplorables condiciones de vida de sus países; jóvenes que mueren o desaparecen en el desierto o en el mar.

Los ahora fallecidos era afortunados, habían conseguido entrar en una ciudad europea, estaban cerca de finalizar el camino, y mientras podían esperar en el CETI, un lugar aceptable con las necesidades básicas cubiertas. Pero esta vida es soportable durante unos meses, no cuando hay que esperar cinco años para salir de Melilla, sin saber si el destino de cada uno es residir en Europa o volver por la fuerza al punto de partida.

Durante estos años han de vivir con un régimen de vida muy distinto al que tendría un joven en cualquier lugar del mundo. Sin lugares para el esparcimiento y el ocio, desintegrados de la población local, sin posibilidad de vivir unidas las familias, acostándose cada noche pensando que despertarán de madrugada detenidos, esposados, para a su expulsión, …, no resulta descabellada la idea de montar una chabola para vivir con un poco de libertad.

Ahora podemos discutir, acusar, sobre las responsabilidades a unos y a otros, si la tragedia la pudo evitar el Delegado del Gobierno, el Alcalde o la Justicia; si la gestión de éste servicio ha sido el adecuado, pero tres familias están de luto por la muerte de los que eran su esperanza.

También podíamos hablar de la responsabilidad de ongs. o de ciudadanos, que nos acostumbramos a cohabitar con el riesgo para vidas humanas, especialmente las de los mas desprotegidos y necesitados. ¿Podemos hacer algo más para que desastres como éste no ocurran?.

Es urgente ponerse manos a la obra para que no haya nuevas tragedias. Las discusiones estériles entre responsables públicos, eximiéndose de responsabilidad o culpando al de distinto color político, deben terminar. El encierro en Melilla para estos cientos de hombres y mujeres, que residen en el CETI, ha de finalizar; y ha de finalizar para ellos una incertidumbre de años sobre su futuro, porque será la única manera de que tragedias como ésta no se repitan, y también será el mejor homenaje a tres jóvenes que no pudieron cumplir su sueño.

Un juez recuerda al Gobierno que la expulsión de inmigrantes "no es un derecho del Estado", sino una ley "de oportunidad"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, ha dictado una sentencia en la que recuerda al Gobierno que la expulsión de inmigrantes "no es un derecho fundamental del Estado" sino una ley que es modificable, y en la que critica que las autoridades pidan directamente el internamiento de los extranjeros en situación irregular en lugar de considerar otras medidas. "Expulsar no es un derecho fundamental del Estado sino una medida adoptada legislativamente y que puede perfectamente variar en su regulación; es decir, se trata de una medida legislativa de oportunidad a la que nada hay que objetar desde el punto de vista de la aplicación de la ley, pero cuando se solicita un internamiento para materializar una expulsión ocurre que el derecho fundamental concernido debe ser ponderado", explica el magistrado. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a una solicitud de la Brigada Policial de Extranjeros presentada el pasado 18 de marzo para el internamiento en un centro y la expulsión posterior de Jabran S., un joven de origen extranjero que no pudo acreditar si tenía o no permiso para residir en España y que arrastraba una orden de expulsión desde octubre de 2010. Jabran recibió el alto de la policía en la calle, cuando caminaba de regreso a su casa con dos amigos tras presenciar el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del caso. Dos días después y con la opinión en contra del Ministerio Fiscal, la policía solicitó al juez que ordenase su reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). El magistrado, que desestima la petición de la policía y ordena la inmediata puesta en libertad del joven conforme pedía el Fiscal, recuerda que "el internamiento en un Centro supone una privación de libertad afectante a un derecho fundamental constitucionalizado" y, por ello, "la ponderación de cada caso" debe tener en cuenta la "primacía" del mismo. "Ocurre, sin embargo, con harta frecuencia, que los agentes gubernativos ni se molestan en multitud de ocasiones en razonar por qué no se impone una medida cautelar de retirada de pasaporte o una presentación periódica en comisaría, un señalamiento de domicilio etcétera", explica en la sentencia. Para el juez, se produce así "una auténtica carencia de motivación" porque las autoridades "acuden directamente al internamiento" de los inmigrantes "sin acordar medidas cautelares menos gravosas que el legislador ha puesto a su disposición". "Nada de ello han realizado los agentes gubernativos, sino que directamente se acude al internamiento que supone una privación de libertad afectante al Derecho o Fundamental y, por lo tanto, la ponderación del caso concreto ha de llevar a desestimar el internamiento", concluye la sentencia. El joven, que se encuentra en libertad, pudo acreditar que lleva seis años residiendo en España, hasta donde llegó de forma clandestina y en calidad de MENOR inmigrante no acompañado. Estuvo tutelado por la Comunidad de Madrid, pero nunca recibió un permiso de residencia, contra lo que marca la legislación, y no sabe si la administración regional llegó a solicitarlo.

En la actualidad, forma parte de un programa de Mensajeros de la Paz, que se ha encargado de realizar los trámites para pedir su regularización por circunstancias excepcionales de arraigo, porque, entre otras razones, tiene familia en Madrid y está haciendo un curso de jardinería cobrando del gobierno regional.

Denunciada por defender los derechos humanos de las personas migrantes.

Nos hacemos eco de la nota de prensa emitida por la Mesa de entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Campaña por el Cierra de los Centros de Internamiento de Extranjeros; compañeros de Valencia.

Por lo visto compartimos pesares y aguantamos las mismas practicas ilegales por parte de la policia.

Agentes de la Policía Nacional denunciaron el pasado 7 de marzo, en Valencia, a una integrante de Psicólogos sin Fronteras. El hecho en cuestión se produjo cuando esta persona les informó que la redada policial que estaban realizando parando sólo a inmigrantes, es decir atendiendo a criterios étnicos, es una práctica ilegal en el estado español.

El lunes 7 de marzo, a las 19h se inició una redada policial contra inmigrantes en la Estación del Norte de Valencia.

Una integrante de la ONG Psicólogos sin Fronteras que estaba presente en las inmediaciones intentó preguntar a los agentes del cuerpo nacional de policía sobre el motivo de la redada, informándoles que no es legal en el estado español realizar controles basados en criterios étnicos (color de piel, rasgos, etc). De forma inmediata los agentes detuvieron la redada, demandando la identificación a la miembro de la ONG y multándola por “menosprecio a las labores de los agentes”

La Mesa de entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros de las que forma parte la ONG Psicólogos sin Fronteras manifestamos nuestro rechazo a las redadas policiales contra inmigrantes que tienen lugar día a día, en las que se atiende a criterios raciales y xenófobos para pedir identificación, hecho en sí mismo indignante y denigrante, pues se discrimina a las personas únicamente por su etnia, color o aspecto físico.

Esta práctica es ilegal en el estado español como indica el art. 19.2 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Estas personas son perseguidas por tener una falta administrativa, no tener el permiso de residencia vigente, equivalente a una multa de estacionamiento. No son perseguidas por haber cometido delito alguno, de ser así, irían a la cárcel.

Los derechos humanos son cosa de todos

El acoso a las personas inmigrantes que suponen estas redadas a pie de calle, y en lugares como locutorios, estaciones de autobuses o, en este caso en la estación de trenes de Valencia, fomenta el miedo entre la población extranjera impidiendo su participación activa, limitando su red social y su integración en la sociedad española.

Muchas de las demandas de asistencia psicológica por parte de las personas inmigrantes se dan tras sufrir una redada o ser llevado a los calabozos para luego ser puesto en libertad a las pocas horas.

Las redadas contravienen el artículo 13º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Estas actuaciones atentan contra la construcción de la sociedad intercultural que queremos y contra el respeto a la libertad, la igualdad y los derechos de todo ser humano vigentes en nuestra sociedad.

Por ello la Mesa de entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjer@s demanda el cese inmediato y definitivo de estas redadas en el territorio español.

La acción civil ante la violación de derechos humanos (como hizo nuestra compañera) no puede ser un delito, por lo que animamos a la ciudadanía a denunciar las redadas de las que sea testigo a través de la asociaciones de apoyo a las inmigrantes. A traves de Asociaciones de tu entorno.

Seamos conscientes de lo que ocurre. De nada sirve mirar hacia otro lado. Y defendamos, como diría Víctor Jara, “el derecho de vivir en paz”.

información util para el infractor

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA“POR EL DERECHO A TENER DERECHOS” SOBRE EL BORRADOR DE REGLAMENTO DE LA LOEX

La ONU pide a España que "erradique" las redadas policiales contra inmigrantes y los controles indiscriminados

Fuente: Europa Press 15 de marzo 2011

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha emitido un informe en el que insta a España a "tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales" que, "en la práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas" de extranjeros.

Esta es una de las principales recomendaciones del documento publicado por Naciones Unidas en el marco del examen realizado sobre España durante el 78º período de sesiones, que se desarrolló entre el 14 de febrero y el 11 de marzo, y en el que se analizaron informes presentados por el Gobierno, Amnistía Internacional, SOS Racismo, Secretariado Gitano y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Tras analizar la documentación, el Comité pide a España que revise la Circular policial 1/2010 en la que se consignaban cupos de detención de inmigrantes, así como reforme los aspectos de la legislación en materia de extranjería "que dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros".

Además, el Comité pide al Gobierno que "revise" la Ley de Extranjería porque las disposiciones relativas a extranjeras de víctimas de violencia de género "son discriminatorias" contra las mujeres que padecen malos tratos y están en situación irregular.

Según el documento, la Ley "puede disuadir a las mujeres extranjeras, en situación irregular, a presentar denuncias por violencia de género por miedo a ser expulsadas del territorio del Estado parte en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado".

El Comité también expresa su "preocupación" por las personas que tras cumplir 60 días encerradas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente, lo que les hace "más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones".

En esta línea, solicitan al Gobierno que adopte "las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir su orden de expulsión".

Por último, piden al Ejecutivo que elabore el reglamento de los CIE con la finalidad de uniformar su funcionamiento y así garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica adecuadas para los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales de asistencia a dichos centros.

La violencia de género, las detenciones indiscriminadas y la violencia de género son, junto a la falta de estadísticas, las cuestiones sobre las que la ONU pide a España un mayor esfuerzo. En concreto, "reitera" su petición al Gobierno de facilitar datos "sobre la composición étnica y racial de su población" y solicita que elabore un censo incluyendo estos criterios, porque es "fundamental" para "monitorear" la discriminación.

Sobre este asunto, el Comité expresa su "preocupación" porque "no existen cifras oficiales" sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre el número de denuncias presentadas o las medidas judiciales que han acarreado. Para la ONU, tener "escaso número de denuncias" no debe considerarse "necesariamente positivo, ya que puede ser un indicador, entre otros, del temor de las víctimas" o de su "falta de confianza en los órganos policiales y judiciales".

Preocupación por las "escuelas gueto"

Otro de los aspectos que preocupa a la ONU son las aulas de niños migrantes y gitanos que algunas comunidades autónomas han puesto en marcha para atender a este alumnado y que el Comité denomina 'escuelas gueto'. Además, recuerda que la Ley Orgánica de Educación (LOE) prevé mecanismos que posibilitan una "adecuada y equilibrada" distribución de los estudiantes.

Por este motivo, recomienda al Estado español que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una "efectiva" distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares. Asimismo, le pide que le proporcione datos estadísticos desagregados sobre el número de niños migrantes, gitanos y españoles inscritos en las escuelas en su próximo informe periódico.

Menores no acompañados

Si bien acoge con "satisfacción" los acuerdos sobre asistencia y repatriación a menores no acompañados que España ha firmado con Rumanía y Senegal, también manifiesta "preocupación" por la realización de pruebas radiológicas para determinar mediante una valoración ósea la edad de los menores no acompañados en territorio español. Según alerta, el "amplio" margen de error del sistema utilizado "puede dejar a algunos menores desprovistos de las protecciones que les corresponden".

Así, insta al Estado español a que "revise" diferentes métodos de determinación de edad e "invierta" en la puesta en marcha de "pruebas fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores".

La ONU critica a España por la situación de los CIE

Fuente  MIGREUROP

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. Marzo 2011.

Punto 13: “Preocupan al Comité la situación de los migrantes en condición irregular que tras haber permanecido los 60 días que indica la ley en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente, situación que los hace más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones. También preocupan al Comité informaciones recibidas según las cuales los CIE no cuentan con una reglamentación que regule su funcionamiento y esto permite que las condiciones de vida, el acceso a información, asistencia legal y atención médica, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales para asistir a los internos a dichos centros, varíen de un CIE a otro (arts. 2, 5 y 6).

Esta es una de las principales recomendaciones del documento publicado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD) en el marco del examen realizado sobre España entre el 14 de febrero y el 11 de marzo, y en el que se analizaron informes presentados por el Gobierno, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SOS Racismo, Secretariado Gitano y Amnistía Internacional.

Migreurop, al tiempo que insiste en que la existencia de los CIEs supone una vulneración de derechos fundamentales de las personas en ellos encerradas, insta, una vez más, al gobierno español a que regule el funcionamiento de los mismos garantizando todos los derechos que, a excepción del de la libertad de movimiento, siguen detentando, por ley, dichas personas. Entre esos derechos ha de garantizarse el libre acceso de las organizaciones sociales de modo que puedan ejercer una labor de fiscalización del funcionamiento de los mismos.

De igual manera, Migreurop reclama que las personas puestas en libertad tras su paso por el CIEs acaben siendo documentadas para evitar, como indica el organismo de la ONU, su exposición a abusos y discriminaciones.

La Recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas es una muestra más de la justeza de las reivindicaciones que Migreurop viene impulsando desde su creación.

17/03/2001

Forman la red española de Migreurop: Abedie, ACSUR-Las Segovias, Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, SOS Racismo.

una vez más, el frío de la ley....

hoy hemos desayunado con Ramón, en su restaurante de Madrid.  Mamadou, uno de los chicos de casa termina hoy las prácticas que durante dos meses ha realizado en su restaurante.

Ramón pretende contratar a Mamadou, ya que ha visto en él las cualidades de un buen trabajador:  se esfuerza en aprender, es amable y tiene una sonrisa encantadora para los clientes.

Había pensado ofrecerle servir del buffet del desayuno de los clientes del hotel. Ramón confía en que Mamadou va a realizar bien este trabajo, adquiere una responsabilidad y le facilita el seguir formándose en el mundo de la cocina en un restaurante con una estrella michelín, empezando desde abajo, como siempre se ha hecho en el mundo de la cocina.

Todo perfecto…enseñanza, prácticas, trabajo… salvo un pequeño detalle…. Mamadou no podrá trabajar hasta que no tenga permiso de residencia y trabajo. Podrá presentar los papeles en agosto y ahora mismo están tardando más de nueve meses en resolver los expedientes. 

Para más daño, Mamadou debería tener papeles al haber sido menor tutelado en la Comunidad de Madrid, pero un día en el IMMF decidieron que su pasaporte era falso y le pusieron de patitas en la calle. Más tarde un juez ha dicho que el pasaporte era autentico… pero él no tiene residencia.

Pasará una primavera, un verano y un otoño; y con suerte, cuando termine el próximo invierno Mamadou podrá trabajar en el trabajo que hoy a las diez y diez de la mañana le ofrecían para comenzar este lunes a la par que esta primavera.

Tendremos que esperar a la siguiente primavera… de siempre, en esta casa hemos cultivado mucho la paciencia.

Pero nos revela y duele, ver nuestras caras y mantener la rabia de una oportunidad perdida. Sentir, una vez más, el frío intenso de las palabras gélidas de una ley injusta escrita para mantener fuera a muchos de nuestra familia.