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domingo, 5 de abril de 2020
sábado, 5 de octubre de 2019
#SinCitasNoHayDerechos FRONTERAS INVISIBLES
Muchas ciudadanas y ciudadanos que necesitan presentar sus papeles ante la OFICINA DE EXTRANJEROS de su ciudad, son maltratados institucionalmente a través de la falta de CITAS.
Desde
hace al menos dos años, la Oficina de Extranjeros de Madrid no pone a
disposición de la ciudadanía las citas suficientes para poder realizar las
tramites de regularización administrativa reconocidos en la Ley de Extranjería.
Es ya habitual tardar
más de cinco meses en conseguir una cita para solicitar la autorización de
residencia temporal por arraigo social o la regularización de menores nacidos
en España o la reagrupación familiar o… Y, sin esos documentos, las personas
extranjeras se ven privadas del ejercicio de sus derechos.
Es ya habitual tardar
más de cinco meses en conseguir una cita para solicitar la autorización de
residencia temporal por arraigo social o la regularización de menores nacidos
en España o la reagrupación familiar o… Y, sin esos documentos, las personas
extranjeras se ven privadas del ejercicio de sus derechos.
La falta persistente de
citas en la Oficina de Extranjeros de Madrid produce una violación silenciosa
de derechos humanos.
Conocemos
a compañeros y compañeras migrantes que, debido al largo tiempo de espera, han
perdido la oportunidad de la regularización al decaer el interés del empresario
que ofrecía el trabajo o al haber caducado el documento de antecedentes penales
del país de origen.
Además,
ese desinterés de la administración por brindar un servicio digno a las
personas extranjeras ha provocado que surjan ofertas en internet que gestionan
estas citas tras el pago por el servicio.
Dificultar
el acceso a los trámites de regularización de la situación administrativa es
levantar una nueva FRONTERA INVISIBLE para estas vecinas y vecinos de nuestros
barrios, por esto nos hemos organizado para visibilizar esta frontera,
denunciar el negocio creado por la desidia del Gogierno en facilitar las citas
suficientes para atender a la demanda de los ciudadanos extranjeros que quieren
ejercer su derecho a presentar una solicitud ante la oficina de extranjeros y
con ello poder ejercer derechos tan básicos como circular libremente por su
ciudad, escolarizar a sus hijos, acceder a un trabajo digno y otros mil derechos
cotidianos que son anulados por la política de fronteras invisibles.
Ante esta frontera que niega el ejercicio de los derechos y
responsabilidades reconocidos por la ley nos estamos planteando realizar
acciones legales por el perjuicio causado a estas personas de forma consciente
por la administración. Y potenciar grupos de resistencia ciudadana para derribar
esta frontero invisible construida alrededor de los derechos de nuestras
compañeras y compañeros migrantes.
ENLACES REPERCUSIÓN MEDIOS.
viernes, 31 de mayo de 2019
EXIGIMOS EL CESE O DIMISIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) DE ALUCHE
Después del auto del Auto del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, de 27 de mayo de 2019 en el que plantea un posible delito de torturas contra las personas internas, creemos que sólo hay dos salidas a estas violaciones de derechos, la dimisión inmediata, o el cese fulminante.
Por ese motivo y en vista de que el Sr. Director no ha dimitido de motu proprio, hemos presentado el escrito que os adjuntamos dirigido al Ministro del Interior, pidiendo el fulminante cese del director del CIE por los motivos que se exponen en el auto.
También os queremos proponer (además de vuestra ayuda para difundir esta iniciativa), si estáis de acuerdo y compartís nuestra propuesta, que hagáis lo propio a desde vuestros colectivos, enviando el mismo escrito a la atención del Ministro de Interior en funciones Sr. Grande Marlaska, y nos enviéis una copia de ese escrito a: migracionescomunicacion@gmail.
Puedes consultar el Auto del juzgado de instrucción n19
miércoles, 22 de mayo de 2019
La Comunidad de Madrid, a las puertas de las elecciones, oculta los recortes en la RMI
La campaña social RENTA MÍNIMA TU DERECHO denuncia que la
Comunidad de Madrid no ha publicado aún el balance de gestión 2018 de la Renta
Mínima de Inserción; que cada vez restringe más la concesión de la RMI a nuevas solicitudes; que siguen aumentando las
suspensiones del pago por meras sospechas no probadas; y que muchas de esas
suspensiones arbitrarias derivan en la pérdida de la renta mínima pese a
mantenerse la situación de necesidad.
El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, apoyado por
Ciudadanos, ha retrasado la publicación del balance RMI 2018, ocultando
lo hecho en relación a un derecho fundamental de última instancia para el medio
millón de personas que se encuentra en situación de pobreza severa, según la
Encuesta de Condiciones de vida, de las que más de 400.000 no son beneficiarias
de la prestación. El número de personas en pobreza severa en la Comunidad de
Madrid se ha triplicado desde 2008.
La solicitud de información hecha el 5 de febrero
2019 en base a la ley 19/2013 de transparencia, ha sido denegada en
los hechos, pues la respuesta dada el 7 de mayo sólo contiene algunos datos
anuales que no responden al contenido de la petición ni permiten conocer datos
tan relevantes como el número de rentas mínimas pagadas y su evolución mensual,
las causas de denegación de solicitudes o las causas de extinción de la
prestación.
No obstante, esos escasos datos confirman que se mantiene y
refuerza la tendencia restrictiva que la campaña social RMI TU DERECHO denuncia
desde hace más de dos años, en los medios de comunicación, con movilizaciones
en la calle y ante la propia Asamblea de Madrid.
A lo
largo de 2018 sólo el 23% de las solicitudes resueltas obtuvieron la RMI (25% en el primer semestre, 22% en el segundo). ¡Menos de
una de cada cuatro, cuando en 2017 fueron de concesión una de cada tres
resoluciones y en 2016 una de cada dos, con la misma normativa!
Las
suspensiones cautelares del pago de la RMI en 2018 crecieron un 30% sobre 2017
y un 90% sobre 2016. Se basan en "sospechas" no
demostradas y con frecuencia son arbitrarias. Esta exclusión preventiva
de la RMI deja en situación de emergencia habitacional y de alimentos a miles
de hogares y puede llegar a ser peor que prisión preventiva, en la que al menos
no faltan techo y comida.
El
número de extinciones de la RMI en 2018 ha sido un 33% superior al de 2017 y un
113% superior al de 2016. La Comunidad de
Madrid no ha publicado las causas de extinción en 2018, pero los datos de 2017
son un claro indicador: una de cada tres extinciones fueron a consecuencia
de una suspensión cautelar prolongada más de tres meses, siendo ésta la primera
causa de extinción en ese año.
El Defensor del pueblo ha señalado que "las resoluciones
de suspensión suelen indicar, con carácter general, que se han producido
variaciones en las circunstancias que motivaron la concesión de la prestación,
sin aclarar realmente cuáles, dejando a los beneficiarios en situación de
indefensión", lo que explica el alto número de suspensiones cautelares
que derivan en extinción de la prestación por no conseguir las familias
afectadas el levantamiento de la suspensión en el plazo de tres meses.
Con unas 3000 extinciones más que concesiones a lo largo de
2018, el número de familias protegidas socialmente por la RMI sigue
disminuyendo aceleradamente desde enero de 2017, momento en que alcanzó su
mayor cobertura.
En consecuencia, gobierne quien gobierne, denunciamos
esta gestión y exigimos:
- La
pronta publicación del balance RMI 2018 y una gestión transparente con
publicación mensual de los datos de gestión de la RMI.
- Una
inmediata acción de gobierno para poner fin a las arbitrariedades y abusos que
se están cometiendo desde inicios de 2017, así como la reparación de los mismos
en lo posible.
- Un
compromiso para la mejora de la ley y el reglamento de la RMI, cancelando la
penalización que pesa sobre las familias perceptoras que conviven en el mismo
domicilio y cancelando el actual descuento íntegro de los ingresos recibidos
por empleos parciales, así como garantizando la suficiencia de la prestación,
la aprobación de medidas de apoyo a las familias monomarentales y a las que
padecen emergencia habitacional, y otras como las que hemos descrito en el
documento RMI:
Diagnóstico, Problemas y Alternativas.
campaña social RMI TU DERECHO
miércoles, 6 de marzo de 2019
Ampliación de queja presentada ante el Defensor de Pueblo el 6 de marzo de 2019
LA COMUNIDAD DE MADRID DENUNCIADA UNA VEZ MÁS POR DIFICULTAR LA PERCEPCIÓN DE RENTAS MÍNIMAS A QUIENES LAS NECESITAN: LAS FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES ENTRE LAS MÁS PERJUDICADAS
Tras la reciente constatación por parte del Defensor del Pueblo de la falta de información adecuada y otros procedimientos irregulares de gestión de la Renta Mínima de Inserción por parte de gobierno autonómico, colectivos madrileños de lucha contra la pobreza vuelven a presentar una queja señalando muchas otras situaciones en las que se perjudica gravemente a quienes solicitan o perciben esta prestación por encontrarse en precariedad económica. Las familias monomarentales y las personas inmigrantes son las mas afectadas.
Según recuerdan los colectivos que presentan esta nueva queja, las familias en situación de mayor pobreza y exclusión son las familias monomarentales, como muestran numerosos estudios, entre ellos el Informe del Consejo Económico y Social de España 01/2017 sobre Políticas públicas para combatir la pobreza en España. Sin embargo, frente a esta realidad, el sistema de gestión de RMI en Madrid no solo no se adapta para facilitar una respuesta adecuada en estas circunstancias, sino que establece barreras que dificultan en gran medida el acceder a esta prestación. Ejemplo de ello son los requerimientos de trámites de reclamación de pensión por alimentos en momentos donde no es posible aún realizarlos, al no haber concluido los procedimientos judiciales previos. Estos pueden dilatarse entre dos y tres años, bloqueando la continuidad del trámite y haciendo depender de ello la concesión de la prestación.
Otro de los colectivos que más dificultades encuentran en relación a la RMI actualmente es el de las personas inmigrantes, a quienes se exigen documentaciones que no aportan nueva información a la ya presentada, incluyendo algunas de muy difícil obtención dadas las circunstancias de sus países de origen, o implicando costes económicos que son difíciles de asumir en las circunstancias de precariedad en la que se encuentran.
Además de estos dos colectivos, hay muchas otras situaciones recogidas en la queja presentada ante el defensor del pueblo en las que, según las entidades firmantes de la misma, se dan procedimientos que rayan en el hostigamiento de las personas perceptoras o solicitantes con intención de que desistan de sus pretensiones de continuidad o inicio de la prestación. Según estas, hay una búsqueda proactiva por parte de la Consejería de causas que motiven la suspensión o denegación de la misma, vulnerando algunos principios básicos de protección a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad: no reconocimiento de cambios de domicilio y aprovechamiento de estos para pedir nueva documentación ya entregada anteriormente, fiscalización de situaciones económicas de manera que resulta imposible de justificar, utilización del criterio de antigüedad de la unidad de convivencia de manera que penaliza los intentos de encontrar soluciones laborales, etc.
Entidades y colectivos firmantes, muchos de ellos participantes en la Plataforma RMI Tu Derecho: ATD Cuarto Mundo España, EAPN Madrid, Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, Asociación ForoServSocial Madrid, Invisibles de Tetuán, Asociación Apoyo, Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel, Coordinadora de Barrios, C.P. San Carlos Borromeo, Plataforma de Trabajadores en Paro, Coordinadora de Vivienda de Madrid / PAH Madrid / Stop Desahucios, Tetuán Resiste, Asamblea de Vivienda de Usera, 15M Sierra Norte, Asociación Arena, Asociación El Pueblo que Queremos de Las Rozas de Madrid y la Red Solidaria de Acogida.
Tras la reciente constatación por parte del Defensor del Pueblo de la falta de información adecuada y otros procedimientos irregulares de gestión de la Renta Mínima de Inserción por parte de gobierno autonómico, colectivos madrileños de lucha contra la pobreza vuelven a presentar una queja señalando muchas otras situaciones en las que se perjudica gravemente a quienes solicitan o perciben esta prestación por encontrarse en precariedad económica. Las familias monomarentales y las personas inmigrantes son las mas afectadas.
Según recuerdan los colectivos que presentan esta nueva queja, las familias en situación de mayor pobreza y exclusión son las familias monomarentales, como muestran numerosos estudios, entre ellos el Informe del Consejo Económico y Social de España 01/2017 sobre Políticas públicas para combatir la pobreza en España. Sin embargo, frente a esta realidad, el sistema de gestión de RMI en Madrid no solo no se adapta para facilitar una respuesta adecuada en estas circunstancias, sino que establece barreras que dificultan en gran medida el acceder a esta prestación. Ejemplo de ello son los requerimientos de trámites de reclamación de pensión por alimentos en momentos donde no es posible aún realizarlos, al no haber concluido los procedimientos judiciales previos. Estos pueden dilatarse entre dos y tres años, bloqueando la continuidad del trámite y haciendo depender de ello la concesión de la prestación.
Otro de los colectivos que más dificultades encuentran en relación a la RMI actualmente es el de las personas inmigrantes, a quienes se exigen documentaciones que no aportan nueva información a la ya presentada, incluyendo algunas de muy difícil obtención dadas las circunstancias de sus países de origen, o implicando costes económicos que son difíciles de asumir en las circunstancias de precariedad en la que se encuentran.
Además de estos dos colectivos, hay muchas otras situaciones recogidas en la queja presentada ante el defensor del pueblo en las que, según las entidades firmantes de la misma, se dan procedimientos que rayan en el hostigamiento de las personas perceptoras o solicitantes con intención de que desistan de sus pretensiones de continuidad o inicio de la prestación. Según estas, hay una búsqueda proactiva por parte de la Consejería de causas que motiven la suspensión o denegación de la misma, vulnerando algunos principios básicos de protección a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad: no reconocimiento de cambios de domicilio y aprovechamiento de estos para pedir nueva documentación ya entregada anteriormente, fiscalización de situaciones económicas de manera que resulta imposible de justificar, utilización del criterio de antigüedad de la unidad de convivencia de manera que penaliza los intentos de encontrar soluciones laborales, etc.
Entidades y colectivos firmantes, muchos de ellos participantes en la Plataforma RMI Tu Derecho: ATD Cuarto Mundo España, EAPN Madrid, Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, Asociación ForoServSocial Madrid, Invisibles de Tetuán, Asociación Apoyo, Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel, Coordinadora de Barrios, C.P. San Carlos Borromeo, Plataforma de Trabajadores en Paro, Coordinadora de Vivienda de Madrid / PAH Madrid / Stop Desahucios, Tetuán Resiste, Asamblea de Vivienda de Usera, 15M Sierra Norte, Asociación Arena, Asociación El Pueblo que Queremos de Las Rozas de Madrid y la Red Solidaria de Acogida.
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