Nos quedamos sin sanidad universal

Ayer, poco antes de las seis de la tarde, los diputados del congreso votaron las medidas urgentes para el sostenimiento de la sanidad pública... cito de memoria al nombre del Real Decreto.
 La mayoría absoluta del PP aprobó el Decreto que no encontró ningún otro apoyo.

Seguí el debate, como dijo uno de los diputados, debate complicado por la hora, el tiempo que llevaban debatiendo y el formato que para daba lugar al contraste de ideas.
Me quedo con una de ellas:
 Es un Decreto que plantea el ahorro por la exclusión de personas del sistema sanitario; arriesgado camino, hoy hemos tenido que excluir a los inmigrantes sin papeles, a las mayores de 26 sin trabajo, a las personas a las que se les ha agotado la prestación por desempleo.... Cuando tengamos que seguir ahorrando a quien expulsaremos del sistema. A enfermos terminales que no van a recuperar la salud, a los causantes de accidentes de tráfico por su irresponsabilidad. Se que son ejemplos descabellados, pero hasta el mes de abril también era descabellado excluir a nadie del sistema universal de salud de este país y hoy es una realidad.
Y con una pena... según palabras del señor Olabarría, este decreto dinamita el sistema sanitario que se implantó es este país en los años 80; un sistema universal. Y como varios intervinientes dijeron... en un par de horas lo han liquidado. Sin pena ni gloria, sin que la noticia abriera ningún informativo... se habla de recorte y con las cifras y las primas de riesgo se nos oculta lo más importante... a partir de que este decreto entre en vigor, ya no será la sanidad un derecho para todo aquel que sea ciudadano en España.
Más pena aun me producen las palabras de la Ministra, cuando dijo que nadie se iba a quedar sin sanidad, que su ética no lo iba a permitir... pasamos de tener un DERECHO RECONOCIDO a depender de la ética de una persona de la cual solo tenemos referencias por los medios de comunicación.
No me convence nada que la atención sanitaria de las personas con las que vivo, con aquellos que comparto mi tiempo y mi vida dependa de la ética y el bien hacer de una persona y deje de hacerlo de las leyes de un país.  

Auto del Juzgado Control CIE Las Palmas sobre vida cotidiana

Con ocasión de la denegación de visitas a entidades sociales que trabajan con personas migradas y contra la trata de seres humanos en el CIE "barranco seco" de Las Palmas de Gran Canarias, la Magistrada-Juez en funciones del Control del CIE, dicta una Auto donde ordena regular, ante la inacción del legislador en dicha material, aspectos fundamentales de la vida de estos ciudadanos extranjeros privados de libertad por una falta administrativa.

Inicio del auto...

Para leer todo el interesante auto judicial, visita este enlace. 
AUTO COMPLETO

SANIDAD PARA TODOS... Hoy votan los diputados

Evitemos la perdida de una SANIDAD UNIVERSAL.... sumate a la campaña de nuestros amigos.

El próximo jueves 17 de mayo, en el Congreso de los Diputados, tendrá lugar la votación para la ratificación del RD-L 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Cómo seguramente sabrás, la aprobación de estas medidas supondrán cambios fundamentales en el sistema sanitario público español, especialmente perjudiciales para las personas y colectivos más desfavorecidos como las personas inmigrantes
Por ello, preocupados por las consecuencias sociales de la aplicación del RD-L 16/2012, Andalucía Acoge - federación a la que pertenece Málaga Acoge - junto a otras entidades y organizaciones sociales como APDH-A, Standing Committee of European Doctors, CEAR, Convivir sin racismo, Federación de Mujeres Progresistas, Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español, Karibu, Médicos del Mundo, Mugak, Observatori del Sistema penal i els Drets Humans, PICUM, Pueblos Unidos, Red Acoge y el Servicio Jesuita para las Migraciones de España hemos lanzado la campaña "SANIDAD PARA TODOS. No al RD-L 16/2012".

¿Qué queremos? Qué antes del 17 de mayo, todos los diputados y diputadas del Congreso sean conscientes  de las graves consecuencias sociales que tiene la entrada en vigor de las medidas contempladas RD-L 16/2012 y, en consecuencia, voten en contra del mismo.

¿En que puedes colaborar? Te proponemos que leas la petición a los diputados/as y, si estas de acuerdo, la firmes. Con este pequeños gesto, estarás enviando un correo electrónico a todos los diputados y diputadas (que han hecho público su dirección en la web del congreso), informándoles de las consecuencias sociales del RD-L 16/2012 y solicitándoles que tengan en cuenta estas consideraciones antes de decidir su voto el próximo jueves 17 de mayo.

Además, si perteneces a un colectivo social, asociación u ONG y te quieres sumar a esta campaña sólo tienes que rellenar este formulario.

Por último, puedes ayudarnos a difundir la campaña "SANIDAD PARA TODOS. No al RD-L 16/2012" dando a conocerla entre tus contactos a través de las redes sociales y utilizando las imágenes de la campaña (banner,...). También puedes difundir la campaña a través de nuestro hastag #sanidadparatodos.

Muchas gracias por vuestra colaboración y apoyo.


Saludos Solidarios y... #SanidadParaTodos

LA INSOSTENIBLE SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

 Trancribimos el Comunicado sobre los CIES que realicen juaces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales


LA INSOSTENIBLE SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE
EXTRANJEROS
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales quieren llamar la
atención de la opinión pública sobre la situación de los ciudadanos extranjeros sin
residencia legal, privados de libertad en centros de internamiento (CIES),
especialmente ahora que la situación económica se ceba en este y otros colectivos en
precaria situación económica.
Estas personas, hombres y mujeres (incluso niños y niñas) que no han
cometido ningún delito, se hallan no obstante ingresados en un centro del que no
pueden salir libremente, mediante autorización del Juez de Guardia competente y por
un período máximo de 60 días, que con frecuencia se impone de forma automática en
su totalidad, a la espera de su expulsión del territorio nacional, motivada
exclusivamente por carecer de una autorización administrativa.
La especial vulnerabilidad del colectivo, en relación al cual los responsables
políticos, en fechas recientes, han anunciado la voluntad de suprimir derechos tan
básicos como el acceso a la asistencia sanitaria, se ve incrementada con
identificaciones y detenciones arbitrarias basadas únicamente en su perfil étnico. Así lo
denunciaron, en marzo de 2010, 141 asociaciones, presentando públicamente una
queja al Ministerio del Interior pidiendo el cese de las prácticas policiales generalizadas
tras la Circular núm. 1/2010, de 25 de enero, de la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras, constatándose casos de hostigamiento que acabaron forzando la renuncia
de algunas personas extranjeras a las actividades de formación o laborales que
desarrollaban a diario, perjudicando precisamente su integración social. Situaciones
denunciadas también por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
(ECRI), en sus informes sobre España en 2006 y 2011.
Por otra parte, otra cuestión que incide en el mal trato padecido por el
colectivo es la relativa al hecho de que, siendo la finalidad del internamiento
exclusivamente la de hacer posible la expulsión, en el año 2011, la mitad de las
personas extranjeras internadas no fueron finalmente expulsadas, convirtiendo en
gratuita e inadecuada la privación de libertad previa. Ello sucedió bien por carecer la
persona a expulsar de documentación que les señale como nacionales de un
determinado país o incluso porque, teniéndola, el estado del que son nacionales no les
ha readmitido. En muchos casos estos datos son susceptibles de obtención antes de
autorizar el internamiento, ES DECIR SE SABE QUE EL INTERNAMIENTO NO ESTÁ
JUSTIFICADO PARA UNA EXPULSIÓN QUE ES IMPOSIBLE. Efectivamente, según datos
ofrecidos recientemente por el Gobierno, 13.241 extranjeros fueron internados en los
centros de internamiento de extranjeros (CIE) españoles. De ellos, solo 6.825 (el 51,5
%) llegaron a ser finalmente expulsados. Por lo tanto, casi 6.500 personas fueron
privadas de libertad sin que la expulsión llegara a materializarse.
El tercer punto de atención es el relativo a los propios centros de
internamiento, de carácter no penitenciario según la ley, que no están regulados a día
de hoy pese a que hace ya dos años que se previó legalmente la elaboración de un
reglamento. Se ha anunciado no obstante, su próxima promulgación.
Los actualmente abiertos, 9 en todo el territorio nacional, han sido objeto de
informes específicos emitidos por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del
Estado, y diversas organizaciones sociales, que han descrito violaciones de derechos
fundamentales, tales como el derecho a la integridad física y moral, a la no
discriminación y a la asistencia socio sanitaria y jurídica entre otras. Sus instalaciones,
en algunos casos en antiguos establecimientos penitenciarios son deficitarias desde el
punto de vista de las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene, atención médica,
de visitas de familiares y ONGs, de comunicaciones, y de libertad.
Por último y si bien puede señalarse como una mejora frente a la situación
anterior el hecho de que se haya previsto el control específico de los CIES por parte de
un concreto Juez de Guardia en cada partido judicial donde éstos existen tras la
entrada en vigor de la Ley 2/2009, lo cierto es que casi tres años más tarde no en todos
los territorios existe designación efectiva y en todos los casos, la pasividad de las
administraciones implicadas, incluido el Consejo General del Poder Judicial, ha
abocado a la absoluta indeterminación no sólo del Reglamento aplicable, sino de las
posibilidades de inspección, de actividades de formación específica, y de las mínimas
normas procedimentales y los recursos humanos y materiales precisos para la
tramitación de los expedientes de quejas y reclamaciones de las personas recluidas,
que debe ser preferente en cuanto afecte a sus derechos fundamentales.
Por todo ello Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales
reclaman de los operadores jurídicos el que se extremen las cautelas a la hora de
adoptar la medida de privación de libertad en relación a extranjeros sin residencia
legal, restringiéndola exclusivamente a los supuestos en que la expulsión se vea
como potencialmente factible. Igualmente demandados de los poderes públicos,
legislativo y ejecutivo, el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales
tantas veces conculcados en relación a este grupo de seres humanos y el cese de
actitudes o manifestaciones que, empleando lo que no son sino falacias, nos
desprestigian como país que lo fue y lo está volviendo a ser de emigración activa,
permitiendo y aun alimentando con absoluta irresponsabilidad entre la población
actitudes xenófobas frente al extranjero y criminalizando sus necesidades básicas o
responsabilizándole de un gasto estatal a cuya compensación con los
correspondientes ingresos vía impositiva indirecta y/o directa ha contribuido y
contribuye con su esfuerzo. En la misma medida reclamamos de tales poderes
públicos así como del propio gobierno del Poder Judicial la promulgación de la
regulación y dotación de medios necesarios para que los centros de internamiento
de extranjeros dejen de ser lugares a cuyas puertas se detenga el Derecho y pierda su
vigencia real el reconocimiento de la dignidad del ser humano.
Barcelona, a 27 de abril de 2012

Reforma de ley de extranjería y asistencia sanitaria a población inmigrante

Del blog SALUD COMUNITARIA

http://saludcomunitaria.wordpress.com/2012/04/23/reforma-de-ley-de-extranjeria-y-asistencia-sanitaria-a-poblacion-inmigrante/

Reforma de ley de extranjería y asistencia sanitaria a población inmigrante

abril 23, 2012

Texto de Luis Andrés Gimeno Feliu
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud San Pablo. Zaragoza
Profesor Asociado. Universidad de Zaragoza

Los últimos días por la prensa hemos seguido el cambio de normativa para evitar “el turismo sanitario” de la población “inmigrante”.
Debemos diferenciar a grandes rasgos dos tipos de “inmigrantes” en este caso:

• Aquellos que provienen de la UE y donde realizando los trámites pertinentes seguirán viniendo a España y según el acuerdo que se establezca con su países de origen recibirán la asistencia y uno u otro Estado la pagará. Simplificando serán los “extranjeros ricos” que en algún caso estaban realizando el así llamado “turismo sanitario” y solían ser pacientes mayores que venían a operarse a España (por ejemplo prótesis de cadera….) desde Inglaterra, Alemania… El gasto sanitario de “turismo sanitario” de este grupo de población tiene fácil solución con acuerdos entre los países que no dejen sin asistencia sanitaria a ningún paciente.
• Aquellos inmigrantes “en situación administrativa irregular” que provienen mayoritariamente de países pobres y que su principal objetivo es trabajar pero no tienen permiso de trabajo y por tanto trabajan en la economía sumergida (y pagan impuestos como el  IVA que contribuyen a financia por vía de los presupuestos generales del Estado la sanidad, la educación, las infraestructuras…)

Con la reforma de la normativa se quiere mantener únicamente el acceso gratuito a menores, embarazadas y urgencias. La atención urgente, a niños y a embarazadas es una atención de mínimos y donde además puede acumularse la mayor parte del gasto ya que la atención hospitalaria es más cara que la de Atención Primaria. Al dejar fuera de la atención normalizada a los inmigrantes “irregulares” se produce una situación de falta de atención en patologías crónicas que son minoritarias en este colectivo pero ocasionarán una grave situación de indefensión a los inmigrantes a los que les “toque” ser diabéticos, hipertensos… Además un mal control de estas enfermedades acabará ocasionando complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios que pueden provocar un mayor gasto final. Con lo cual probablemente se ahorre muy poco y se provoque una situación de exclusión en personas que viven y trabajan en nuestro país.
En relación con todo lo anterior habría que recordar que los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos cosa ya sabida en el resto de países desarrollados pero también demostrado en España con múltiples estudios científicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mayoría de inmigrantes “irregulares” son jóvenes y sanos (especialmente los de los países pobres) pero incluso cuando se ajusta por edad y sexo las diferencias son muy grandes. Globalmente los inmigrantes están usando y gastando en la Sanidad Pública española mucho menos que los españoles. Y eso ajustando por edad y sexo e incluyendo a algunos casos de “turismo sanitario” que pueden darse también en inmigrantes “pobres”. Hay numerosos artículos internacionales (1) que así lo acreditan y también en España tanto en uso de Atención Primaria, Hospitalaria y gasto farmacéutico ( 2, 3, 4, 5, 6). Los cálculos de gasto sanitario empleados por el Ministerio de Sanidad (hablan de 500 millones de euros de gasto en los “sin papeles”) son mucho mayores de los que los estudios científicos sugieren.
Los estudios científicos actuales indican que globalmente los inmigrantes son probablemente más sanos que los españoles ajustando por edad y sexo (7, 8) aunque hay algunas diferencias según edad, sexo y procedencia ( encontrándose este aspecto está menos estudiado que el del uso y gasto del sistema sanitario).
Las consecuencias van a a ser muy negativas a muchos niveles:

• Se excluye a un porcentaje de la población que vive en España de la asistencia sanitaria que es un derecho humano básico
• Los principales perjudicados van a ser los inmigrantes “en situación administrativa irregular” que desarrollen algún tipo de patología que precise un seguimiento crónico, o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas.
• El desarrollo de estas enfermedades acabarán perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios que son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades
• El ahorro potencial será muy bajo ya que los principales gastos son hospitalarios, los cuales pueden verse incrementados como hemos dicho previamente
• Puede dificultarse el control de distintas enfermedades transmisibles como la tuberculosis lo cual podría perjudicar a toda la sociedad
• Plantearán importantes problemas éticos en los profesionales sanitarios que no podrán atender en condiciones a estos pacientes, que además pertenecen en gran medida a colectivos socialmente desfavorecidos
• Estas medidas confunden a la sociedad y a las personas con responsabilidades en las Administraciones. Hay dos ideas clave que no debemos olvidar:
  • El Sistema Nacional de Salud español es de los más eficientes de los países desarrollados y su principal problema es el de la infra-financiación, especialmente de la Atención Primaria.
  • Nuestro SNS tiene varias ineficiencias como el gasto hospitalario desproporcionado en ocasiones, el uso de fármacos con bajo valor terapéutico, el empleo de tecnología de última generación (y cara) en ocasiones que no es necesaria, el exceso de medicalización, la realización de determinadas actividades preventivas de bajo utilidad y alto coste global… En estos casos podrían realizarse actuaciones que permitiesen importantes ahorros del sistema sanitario. El ahorro real con la medida sobre los inmigrantes será muy bajo comparado con estos otros problemas

Creo que como ciudadanos y sanitarios deberíamos aportar nuestra opinión científica y ética para evitar esta negativa decisión y desde sociedades científicas y colegios de médicos expresar nuestro rechazo a esta propuesta.