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CONTINUA EL ACOSO DEL GOBIERNO A LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, de las que formamos parte vecinas y vecinos de diferentes barrios de Madrid, nos vemos obligadas, ante el acoso del que estamos siendo objeto, a denunciar una nueva vulneración de derechos y libertades.
El día 2 de marzo emitimos un comunicado de prensa informando de la apertura de varios expedientes sancionadores interpuestos contra algunas de las personas que participan en las Brigadas Vecinales por estar observando y documentando controles de identidad por perfil racial realizados por la policía nacional en espacios públicos.
El 10 de mayo se produjo un nuevo intento de impedir nuestra actividad. A las 20:30 hs. en la plaza de Oporto, en el marco de un operativo policial llevado a cabo sólo por agentes vestidos de civil se realizaron, en un plazo de 2 horas, más de 70 identificaciones por perfil racial. En este espacio cuatro participantes de las Brigadas Vecinales se vieron de nuevo coaccionadas en su labor de observación y documentación.
Los agentes les exigieron la filiación, sin mediar criterio alguno y argumentando que obedecían órdenes, sacaron unos boletines de denuncia redactados de antemano a efectos de abrir nuevos expedientes sancionadores con la acusación de obstrucción policial.
Consideramos:
1.- Que el objetivo de dichas sanciones es paralizar la respuesta social frente a los controles de identidad racistas, que han sido denunciados reiteradamente por varios organismos entre ellos ONU, CE y Amnistía Internacional (IV informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Febrero 2011; Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, Marzo 2011; Informe Anual 2011 sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo).
2.- Que desde Delegación de Gobierno se está impidiendo el legítimo ejercicio del derecho a velar por la observación y respeto de los derechos humanos y que aquellas personas que lo ejercen están siendo acosadas con prácticas intimidatorias.
3.- Que el modo en que se han interpuesto las sanciones muestra la clara intencionalidad de criminalizar a quienes denuncian la discriminación y el racismo de los controles de identidad.
4.- Que dicha práctica policial continúa vulnerando los derechos y libertades fundamentales de la población migrante: no sólo se aplica una innegable selección racial en los controles de identidad sino que la persecución de una falta administrativa, como encontrarse en situación irregular, sirve de paraguas para la ejecución de detenciones preventivas desde todo punto ilegales al trasladar constantemente a dependencias policiales a personas que se identifican con su pasaporte u otra documentación válida.
Estas prácticas, que recordemos siguen las directrices de la Circular 1/2010 emitida por el Ministerio de Interior, atentan contra la dignidad de las personas, generan un estado de sospecha permanente, criminalizan a un amplio grupo social y someten a un acoso constante a las personas inmigrantes.
Por estos motivos, hemos puesto en conocimiento de esta situación a la Defensoría del Pueblo, en reunión celebrada el día 26 de abril, y a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, en entrevista a realizar el 2 de junio, exigiendo:
1.- Que se ponga fin a la práctica ilegal de los controles de identidad por perfil racial.
2.- Que cese el acoso a las y los defensores de los derechos humanos.
Esta denuncia pública ha sido respaldada por más de 80 asociaciones y colectivos sociales.
