A propósito de la Teniente de Calviá y la respuesta
del Gobierno
José
Luis Segovia Bernabé
En
medio de los calores veraniegos de este año, se coló en un suelto una sorprendente noticia que pasó inadvertida para la mayoría
de los ciudadanos. La lacónica respuesta del Gobierno hace unos días la vuelve
a poner de actualidad.
El
caso es que la Teniente comandante del puesto de la Guardia Civil de Calviá
(Mallorca) dictó una orden prohibiendo a los agentes realizar diligencias o
avisar a los familiares de los detenidos que sean de raza negra, y ello con
independencia del motivo por el que hayan sido detenidos. Sic. Sí, así, tal
cual. Salva el honor del Cuerpo –“el honor es mi divisa” dice su lema- el que
hayan sido compañeros de la benemérita los que hayan señalado que la orden es
“contraria a derecho, ilegal, racista y xenófoba” y la hayan calificado de
“atentado claro contra los Derechos Humanos”.
A
los que somos de orden –precisamente por eso- no deja de sorprendernos la respuesta
del Gobierno en el Congreso a una pregunta escrita, formulada por el diputado
Sixto Iglesias. Ni siquiera una línea completa para responder a una batería de
preguntas acerca de las responsabilidades y
medidas disciplinarias y/o penales adoptadas o por adoptar. La contestación
a asunto tan grave es literalmente esta: “RESPUESTA: La instrucción a la que se
refiere la pregunta ya ha sido modificada. Madrid, 14 de noviembre de 2013”. Ni
una palabra más. Después de la concertina de cuchillas destrozacuerpos que han colocado
en las vallas de Melilla y la respuesta del Presidente del Gobierno a los
periodistas, diciendo que ha pedido informes técnicos para saber si hacen daño
a las personas, no me extrañaría que ahora solicite un dictamen para averiguar si los negros tienen familia.
