Una familia del barrio de Moratalaz, asesorada por la
asociación APOYO, ha intentado solicitar la ayuda para hacer frente al pago de
la factura eléctrica correspondiente a los meses de marzo y abril, por valor de
233,48 euros.
Se ha pedido en la confianza de que las palabras de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, eran ciertas, cuando afirmaba el 9 de
diciembre de 2015 que “el objetivo de este convenio es que las personas en
situación de vulnerabilidad puedan evitar la suspensión de suministro de
electricidad y gas natural como consecuencia del impago de las facturas” o destacaba
que “gracias a la implicación y compromiso de este Gobierno, junto a la
disposición y colaboración de las empresas, en Madrid estamos combatiendo la
pobreza energética”.
Hemos ejercidopor tanto nuestro derecho a solicitar ”una
ayuda destinada a apoyar a los hogares madrileños a hacer frente al pago de sus
suministros energéticos” (Art. 1 BOCAM 26, 1 de febrero de 2016. Normas
reguladoras y desarrollo del procedimiento de concesión directa de las ayudas
individuales para el pago de la factura de suministro eléctrico y/o de gas).
Sin embargo, cuando vamos a ejercer nuestro derecho de
solicitud, nos encontramos que todo es HUMO, postureo ante la pobreza, que no palia ningún dolor.
La respuesta verbal de los servicios sociales de la Junta de Moratalaz quienes deben emitir un
informe que justifique la situación de vulnerabilidad, respuesta formulada
verbalmente, es que esta situación no es sobrevenida. En definitiva, que estos
pobres, son pobres de hace tiempo y por tanto, parece que ya están
acostumbrados a pasar frío, a no tener luz, a sufrir las consecuencias de la
“pobreza energética” y, como víctimas de la pobreza, no tienen derecho a
solicitar esta ayuda.
A partir de esta realidad, nos
preguntamos:
Una familia,
que según la definición de Caritas Española, es víctima de pobreza crónica, ya
que tiene unos ingresos inferiores al 40% de la media nacional durante más de
cinco años de forma continua, ¿no está
en situación de vulnerabilidad?
Si estas
ayudas, según este criterio, solo son para situaciones de pobreza sobrevenida, ¿piensa
la Comunidad de Madrid que tan mal van a ir las cosas en la región como para
destinar 2 millones de euros al pago de factura de la luz de “nuevos pobres”?
Una nueva constatación
que los pobres y su pobreza energética no importan a los
Servicios Sociales ni a los políticos que los regulan.
